El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró ante el fiscal federal Franco Picardi y confirmó que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le había hablado de “hechos de corrupción” y “coimas”. Su testimonio refuerza la investigación que busca probar la existencia de un circuito de sobornos entre la Andis y la droguería Suizo Argentina SA, propiedad de la familia Kovalivker.
Cerimedo negó haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que originaron el escándalo, pero reconoció que el exfuncionario ya le había hecho comentarios sobre irregularidades. Además, admitió que fue el propio presidente Javier Milei quien los presentó.
Un caso que escala
La declaración llega en medio de allanamientos en propiedades de los Kovalivker y de Spagnuolo, donde la fiscalía halló una caja de seguridad con 80 mil dólares. La justicia considera que el rastreo patrimonial es clave para reconstruir la ruta de los presuntos sobornos.
La situación legal de Spagnuolo se complica: evalúa convertirse en “imputado colaborador” para atenuar su condena, lo que lo obligaría a aportar información directa sobre otros implicados. En paralelo, sus abogados defensores renunciaron.
Una red bajo la lupa
La investigación apunta a altos dirigentes, entre ellos Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo. Se los acusa de integrar un esquema de sobornos y administración fraudulenta que afectó fondos públicos y vulneró la Ley de Ética Pública.
El caso se reavivó tras la filtración de audios comprometedores y mantiene bajo secreto de sumario las pruebas centrales hasta el 19 de septiembre. En ese marco, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por encubrimiento y falso testimonio.
El símbolo del poder económico
La investigación también puso la lupa sobre el imponente centro logístico de Suizo Argentina en Villa Lugano, un complejo de última generación de 150 metros de largo por 50 de fondo, con ocho accesos para camiones. La facturación de la empresa pasó de $4 mil millones en 2024 a $110 mil millones en 2025 gracias a contratos con el Estado.
Ese crecimiento contrasta con la sospecha judicial sobre el papel de la compañía en la presunta trama de sobornos. La Fiscalía busca determinar si ese poder económico fue sostenido por un esquema de corrupción que hoy amenaza con convertirse en una de las causas más sensibles para el gobierno de Milei.