Brasil vivió este domingo una ola de movilizaciones en sus principales ciudades contra el proyecto de ley de amnistía que avanza en el Congreso y que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
De acuerdo con Telesur, la principal exigencia de la jornada fue que los legisladores den marcha atrás con la iniciativa que busca indultar o reducir penas a los condenados por la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022, que intentó impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
El miércoles pasado, diputados de derecha aprobaron tratar el proyecto en régimen de urgencia, lo que implica que será enviado directamente al pleno sin pasar por comisiones. De sancionarse, beneficiaría a los responsables de los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes, aunque sectores de ultraderecha impulsan extenderlo al propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
“Congreso enemigo del pueblo”
Bajo ese lema, se realizaron manifestaciones en 16 capitales estaduales como Brasilia, São Paulo, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Manaos, además de numerosas ciudades intermedias.
En Río de Janeiro, miles de personas se congregaron en la playa de Copacabana, donde los músicos Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso entonaron “A pesar de você” y fueron ovacionados. Veloso, de 83 años, expresó: “Sin amnistía y con democracia: ese es un Brasil bonito”.
En São Paulo, a pesar de la lluvia, se movilizaron 42 mil personas, según un monitoreo de la Universidad de São Paulo (USP). Durante gran parte de la marcha desplegaron una bandera gigante de Brasil, en respuesta al acto de apoyo a Bolsonaro del 7 de septiembre, en el que sus seguidores habían exhibido una bandera de Estados Unidos.
Rechazo a privilegios políticos
Además del rechazo al proyecto de amnistía, los manifestantes expresaron su oposición a la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional de Blindaje (PEC), que busca ampliar los privilegios de legisladores y extender la jurisdicción privilegiada a presidentes de partidos nacionales, dificultando el avance de causas penales contra ellos.