La gente anda diciendo que la Corte Suprema dio al lawfare una gran bocanada de aire: el fallo unánime confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción durante su gestión en Santa Cruz, clausurando su carrera política y dejando en vilo al peronismo .
Dicen que no es justicia, es persecución política, una manera de proscribir a una voz que nunca se arrodilló frente al poder real –ya sea el económico, el mediático o ahora el judicial– mientras el país se hunde bajo un ajuste, cierre de universidades y jubilados sin pan ni medicinas. Como reza una consigna mil veces repetida: “No es justicia, es lawfare. Cristina no está sola”.
También comentan que esta embestida judicial ocurre justo cuando Hugo Alconada Mon denunciaba el espionaje oficial: periodistas, sindicalistas y opositores habían sido monitoreados por orden de un plan de inteligencia que también los hackeó tras publicar la filtración . Dicen que mientras condenan a una ex presidenta, persiguen a quienes revelan sus veletas autoritarias.
Se escucha que la crisis del fentanilo contaminado es tan real como la inhabilitación: ya son 34 muertes confirmadas y decenas de casos sospechosos en La Plata y Santa Fe. Un escándalo sanitario que ningún decreto puede tapar .
Dicen que, de la mano de esta pulseada política, el gobierno sigue recortando: medios públicos, Télam, Radio Nacional, científicos y becarios son la nueva variable de ajuste. Mientras tanto, Milei gesticulaba en Europa, insultaba a supuestos “pandilleros locales” y festejaba con la Casa Rosada —aunque sin saludar a su propia vice ni al PRO— exportar gas a través de un acuerdo con Eni .
También comentan que reinvierte la libreta diplomática con Alicia Kirchner, firme en la movilización: los gobernadores peronistas se plantan, sindicatos alertan y la CGT prepara nuevas acciones luego de que la Justicia frenara un decreto que recortaba derechos laborales .
Se escucha que, en este clima enrarecido, Cristina pidió ser beneficiada con la prisión domiciliaria por su edad y por riesgo a nuevos atentados —aún fresco el episodio del 2022—, mientras miles se preparan para movilizar hoy hacia Comodoro Py .
Dicen que este es el momento de definiciones: una ex presidenta encausada y sin fuero, un peronismo que se rearma en la calle, un ajuste severo, persecución digital y un país partido en dos.
¿Y qué hace la gente de a pie entre tanto humo? Se escucha cacerolas, ollas populares, cruces de marchas frente al Congreso. Sin números ni discursos libertarios, sólo reclamos concretos: pan, salud, justicia. Dicen que, mientras tanto, la inflación amaga alivio, pero la inflación real en los bolsillos sigue devorando salarios.
La gente anda diciendo que si bien el poder habló con cifras —fallos judiciales, exportaciones, decretos— el pueblo responde en las calles, los barrios y las redes. Que sin justicia social, sin libertad de prensa y sin estado de derecho, no hay democracia que resista. Y que Cristina puede caer presa, pero jamás caerá el recuerdo de su lucha y su símbolo.
Porque donde el poder ve sentencias, la calle ve rostros y dignidad. Y esos rostros, hoy como ayer, frente a Comodoro Py, siguen plantados: exigiendo futuro, reparación y memoria.