Los concejales del Frente Justicialista Pampeano de La Adela, Erminda Birge y Carlos Pereyra, presentaron un pedido de informes dirigido al intendente Federico Moro para que explique por qué no informó al Concejo Deliberante sobre un juicio laboral de alto impacto económico contra el municipio. El caso tomó tal relevancia que el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa se trasladará a la localidad el 12 de diciembre para realizar audiencias testimoniales, un hecho sin antecedentes en su historia institucional.

El planteo del FreJuPa sostiene que el Concejo, órgano responsable del control y la fiscalización, tomó conocimiento de la demanda a través de los medios de comunicación y no por los canales oficiales, lo que constituye —según remarcaron— una violación al artículo 124 de la Constitución Provincial, dado que se encuentran comprometidos fondos municipales sujetos a supervisión deliberativa.

Un conflicto que llega al máximo tribunal

De acuerdo con lo señalado por los concejales, el expediente 185.182 corresponde a un trabajador cuya relación con el municipio fue interrumpida de manera abrupta y unilateral durante la actual gestión. El extrabajador reclama que su vínculo era de dependencia laboral y exige regularización salarial, diferencias, actualizaciones e intereses. La demanda fue presentada en septiembre de 2025 y podría derivar en una condena millonaria que afecte seriamente las finanzas comunales. A pesar de ello, Moro no comunicó al Concejo la existencia del proceso judicial.

Siete preguntas clave para el intendente

El FreJuPa exige que el jefe comunal responda, en un plazo de siete días hábiles, una serie de interrogantes fundamentales para esclarecer la situación:

• ¿Por qué se dio por terminada la relación con el trabajador sin evaluar los riesgos judiciales?
• ¿Por qué no se informó al Concejo sobre la demanda?
• ¿Cuándo tomó conocimiento formal del juicio?
• ¿Qué análisis previo se realizó antes de adoptar la decisión?
• ¿Cuál es la estrategia de defensa del municipio y quién la conduce?
• ¿A cuánto podría ascender una eventual condena para los contribuyentes?
• ¿Cuántos casos similares existen hoy que puedan derivar en nuevos litigios?

Los concejales remarcaron que lo más grave es que el Concejo debió enterarse por los medios, lo que calificaron como una falta seria al deber de informar por parte del Ejecutivo.

Emergencia administrativa sin datos reales

El bloque justicialista también cuestionó la reciente declaración de emergencia administrativa aprobada solo con votos del oficialismo, señalando que se tomó sin que el Concejo contara con información completa sobre situaciones críticas como ésta. Sostuvieron que la gestión de Moro acumula conflictos con empleados municipales, habitantes, comercios, emprendedores e instituciones de La Adela, muchos de ellos derivados —según afirmaron— del desmanejo administrativo.

Transparencia y control institucional

En su presentación, el FreJuPa exige además que, en un plazo de 15 días, el intendente entregue el listado completo de juicios y reclamos en trámite contra el municipio, la nómina de trabajadores que cumplen tareas sin relación laboral registrada, el monto total de contingencias judiciales y las previsiones presupuestarias destinadas a afrontar posibles sentencias.

Los concejales también dieron intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que analicen si existen irregularidades en el uso de fondos públicos. Finalmente, advirtieron que un incumplimiento injustificado del pedido habilitará al Concejo a aplicar las medidas institucionales previstas por la ley para resguardar sus facultades de control.