La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos en Niños, Niñas y Adolescentes en todo el territorio pampeano, por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por igual período.
La iniciativa busca dar una respuesta urgente a una crisis en aumento, evidenciada por el crecimiento sostenido de casos de depresión, ansiedad, autolesiones, ideación suicida y violencia entre jóvenes y adolescentes, con cifras que superan la media nacional.
El proyecto contempla:
· Creación de un Fondo Provincial específico para salud mental y consumos problemáticos, financiado con los ingresos netos de los juegos de azar administrados por DAFAS.
· Diseño de un Plan de Acción Integral, con atención inmediata, campañas de prevención, formación continua para equipos de salud y educación, estadísticas públicas actualizadas y acompañamiento profesional a las familias.
· Conformación de un Comité Interdisciplinario de Seguimiento, integrado por representantes del Estado, del ámbito legislativo, especialistas del sector y actores sociales, con el objetivo de monitorear e impulsar la efectiva implementación del plan.
“La salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes no puede seguir esperando. Los números son alarmas encendidas y el Estado no está dando una respuesta integral. Se necesitan decisiones firmes, presupuesto real y una red de contención que funcione”, afirmó la legisladora.
Además, la dirigente oriunda de General Pico dio curso a un proyecto de resolución para convocar a una jornada institucional en la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, a fin de reunir a todos los actores involucrados y construir de forma participativa estrategias conjuntas, con políticas públicas eficaces, realistas y sostenidas.
Con estas propuestas, Gisela Cuadrado pone la salud mental en el centro de la agenda provincial, apostando a un sistema con recursos concretos y decisiones firmes. Y envía un mensaje claro a los pampeanos: “La salud mental es un derecho. Hay familias que recorren caminos buscando ayuda y no encuentran respuestas. Es hora de que el Estado aborde esta problemática de manera integral. La salud mental y el consumo problemático nos atraviesa como sociedad y exige decisiones urgentes, sostenidas y reales”.