En el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito, la titular de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, advirtió sobre el grave retroceso en materia de seguridad vial por el desmantelamiento de organismos nacionales y la falta de información oficial sobre la cantidad de muertes en el país. La referente explicó que el Observatorio Vial aún procesa datos de 2023 y que muchas provincias ni siquiera cuentan con registros precisos sobre los puntos críticos de siniestralidad, información indispensable para diseñar políticas públicas.
González recordó que la OMS declaró en 2005 a las muertes viales como una pandemia y señaló que, sin estadísticas claras, resulta imposible dimensionar el problema actual. Relató que en la Ruta 5, por ejemplo, la fundación relevó cifras y buscó cotejarlas con los organismos oficiales, pero estos apenas contaban con listados parciales y sin georreferenciación.
También repasó los inicios de la campaña Estrellas Amarillas en Santa Rosa, donde entre 2003 y 2008 se registraron 84 víctimas fatales, principalmente niños y adolescentes. Advirtió que por cada muerte en moto suelen quedar al menos tres personas con secuelas graves, un dato que habitualmente no figura en los registros.
Al analizar el funcionamiento de la justicia, González sostuvo que la movilización de las familias ha sido clave para lograr sentencias firmes, como ocurrió en el caso de Lía Falcón. Sin embargo, remarcó que en muchas provincias los familiares no tienen espacio en los medios y enfrentan plazos judiciales imposibles, como sucede en San Juan, donde sólo cuentan con 78 horas para constituirse como querellantes.
En contraste, destacó que en La Pampa la presión social y mediática impulsó cambios legislativos y un mayor compromiso institucional, marcando una tendencia nacional en materia de Seguridad Vial.
Consultada por el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei, González fue categórica y señaló un deterioro profundo: rutas desinvertidas, controles reducidos y una Agencia Nacional de Seguridad Vial prácticamente paralizada. Explicó que la ANSV funciona con presupuesto propio financiado por un 1% de lo recaudado por las compañías de seguros, un ingreso que ronda los 5,5 millones de dólares mensuales.
Según denunció, esos fondos dejaron de ser administrados por la Agencia y pasaron al Tesoro Nacional, quedando bajo manejo directo del ministro Luis Caputo. La situación afecta la compra y reparación de alcoholímetros, el mantenimiento de camionetas y los viáticos de los equipos que realizan controles en rutas.
González reveló, además, que hubo intentos de reemplazar personal especializado por Gendarmería, una fuerza que no está capacitada para tareas de fiscalización vial. Ante este escenario, las organizaciones de víctimas presentaron más de 14 pedidos de informes para conocer el destino del dinero, pero la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados no se reunió en todo el año.
Con muertes triplicadas en la Ruta 5 durante 2024 y un informe en preparación sobre la Ruta 35, González insistió en la urgente necesidad de respuestas institucionales: “Queremos saber dónde están esos fondos y que se investigue. Esperamos que salga la ley”, concluyó.