La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, expresó su profunda preocupación por el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que avaló la no escolarización presencial de un niño de siete años. “Es un precedente que afecta la base misma de la educación pública, desconociendo leyes que establecen su carácter obligatorio y presencial”, afirmó en declaraciones al programa La Parte y el Todo, de la Televisión Pública Pampeana.
Feuerschvenger recordó que tanto la legislación nacional como la provincial son claras: la educación en Argentina debe ser obligatoria y presencial. “Este tipo de fallos generan una enorme preocupación porque debilitan el trabajo cotidiano y silencioso de las escuelas, los docentes y toda la comunidad educativa”, subrayó.
Una “nobleza educativa” sin validez legal
Uno de los puntos más polémicos del caso es que el niño estaría asistiendo virtualmente a una institución educativa radicada en Miami, cuyos títulos no tienen reconocimiento oficial en el país. “El homeschooling no está regulado en la Argentina. Me contacté con la Secretaría Nacional de Educación y no hay marco legal que respalde esa modalidad. Mucho menos en nuestra provincia”, explicó la funcionaria.
A su vez, advirtió que este tipo de decisiones generan desigualdad y fragmentan la idea de una escuela pública e inclusiva. “En La Pampa todos acceden a la educación. Aquí no hay una nobleza educativa. La universidad es para todos, la escuela es para todos”, remarcó.
La judicialización de lo pedagógico
Consultada sobre el caso de una docente piquense sancionada tras referirse al genocidio en Gaza durante una clase, Feuerschvenger aclaró que el Ministerio intervino de forma institucional siguiendo los procedimientos internos, y que el expediente se encuentra actualmente bajo sumario administrativo en reserva. “No voy a emitir juicios de valor. Mi obligación es resguardar a la menor involucrada y también a la docente. Es un tema extremadamente delicado”, señaló.
Recordó además que existe un acuerdo paritario –el número 138– que establece pautas claras de resguardo y reparación para los trabajadores de la educación, y que cualquier docente tiene derecho a solicitar la reparación correspondiente una vez finalizado el proceso.
Educación como construcción social
“Venimos del campo de las Ciencias Sociales. Sabemos que la historia y la realidad se abordan desde múltiples perspectivas, y esa es justamente una de las riquezas del aula”, planteó la ministra, en alusión al abordaje de hechos históricos y geopolíticos que pueden generar interpretaciones diversas.
Sin embargo, fue enfática en rechazar la judicialización de contenidos pedagógicos. “Tenemos herramientas propias dentro del sistema educativo para atender estos casos. Cuando interviene otro poder del Estado, como el judicial, debemos ser muy prudentes”, indicó.
Llamado a la reflexión
Feuerschvenger insistió en que el reciente fallo del STJ pone en cuestión no solo la validez de la educación presencial, sino el concepto mismo de Nación. “Se pone en juego la idea de Estado, de Provincia, de Patria. La escuela es una institución que garantiza igualdad, derechos y ciudadanía. No podemos dejarla sola”, concluyó.