Un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) reveló que el presupuesto destinado a las universidades nacionales cayó a su nivel más bajo en dos décadas, representando apenas el 0,5 % del PBI. La situación fue calificada como una “política de exterminio” por el director del Ciicti, Daniel Filmus.

Según el documento, la Secretaría de Educación sufrió una reducción presupuestaria del 47,6 % desde noviembre de 2023, las universidades nacionales un 19,8 %, y los salarios docentes perdieron un 29,3 % de poder adquisitivo. A esto se suma un recorte del 45,4 % en el área de ciencia y tecnología, lo que afecta directamente a las casas de estudio, donde se desempeña el 80 % de los investigadores del país.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió que más de 12 mil puestos docentes se perdieron en el último año y medio, muy por encima de lo esperable. “Incluso cuesta afrontar los gastos de funcionamiento y las becas. Muchas obras de infraestructura quedaron abandonadas”, lamentó.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este deterioro es el monto mensual de la convocatoria 2025 de las Becas Manuel Belgrano, que alcanza apenas los $81.685. “Es muy difícil sostener docentes calificados con salarios que no les alcanzan ni para el transporte. Los cargos que se pierden no se recuperan con un simple trámite administrativo; son años de formación los que se dilapidan”, señalaron desde el CIN.

El informe también advierte que los salarios de docentes e investigadores universitarios cayeron por octavo mes consecutivo, y que ya perdieron un tercio de su valor desde noviembre del año pasado. En lo que va del 2025, la caída salarial fue del 7,4 %. En términos históricos, el poder adquisitivo de los sueldos universitarios se ubica por debajo del nivel registrado en 2002.

Frente a este panorama crítico, las autoridades universitarias depositan sus expectativas en el dictamen recientemente aprobado en Diputados que busca avanzar en una nueva Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto —vetado por el presidente Milei el año pasado— contempla una actualización mensual de los gastos operativos vinculada a la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, fortalecimiento de becas, y la creación de un fondo específico para el desarrollo de carreras estratégicas, como inteligencia artificial.

La propuesta también prevé incrementar de forma progresiva el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5 % del PBI en 2031, y garantizar recursos para infraestructura y equipamiento. La norma podría volver a debatirse en el Congreso en los próximos días, en un contexto marcado por el creciente deterioro del sistema universitario nacional.