El casamiento del jefe policial de Lonquimay, Cristian Martín Galván, desató una ola de indignación tras la difusión de imágenes que mostraban a presos cumpliendo tareas como mozos durante la celebración. Una de las víctimas de uno de los reclusos involucrados —condenado a 16 años de prisión por abuso sexual— rompió el silencio y cuestionó duramente el sistema judicial y penitenciario.

“Verlo ahí, sirviendo mesas, fue un golpe. Ese hombre es nuestro padre y fue condenado por abusarnos durante años”, relató la joven docente castense. La mujer, junto a su hermana, denunció haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. La aparición pública de su agresor, sin custodia y en un evento social, generó conmoción, miedo e impotencia.

“No fuimos notificadas de su salida. Nadie nos garantiza que no haya salido antes, ni que no vuelva a salir. ¿Y si un día nos lo cruzamos?”, se preguntó con angustia. También denunció que el hombre cumple condena en una comisaría, en lugar de estar en una cárcel, lo que consideró una forma de impunidad encubierta.

El caso del jefe policial ya se investiga por abuso de autoridad, tras utilizar a seis presos condenados para tareas de limpieza y servicio durante su fiesta. El hecho dejó expuestas serias irregularidades en el sistema de control y custodia de personas condenadas por delitos graves.

La víctima relató su historia de vida y cómo logró salir del círculo de violencia familiar con esfuerzo, becas y el apoyo de su madre, su pareja y amistades. Reveló además cómo una materia de Educación Sexual Integral en la universidad fue el punto de inflexión que la llevó a judicializar los abusos sufridos desde los 12 años. “Nos decidimos a hablar para protegernos y evitar que les pase a otras personas”, expresó.

El proceso judicial se inició en 2017 y concluyó en 2019 con la condena del agresor. Sin embargo, el reciente episodio volvió a revivir el dolor y la incertidumbre. “Nosotras seguimos padeciendo las secuelas. Y él, condenado por un delito aberrante, está en eventos sin control, como si nada”, denunció.

“Estas personas tienen un perfil encantador ante la sociedad, pero esconden un infierno puertas adentro. Por eso nadie sospechaba. Hoy muchos recién se enteran de que está preso”, explicó.

La joven anunció que, una vez concluida la feria judicial, evaluarán con su familia qué medidas pueden tomar para impedir nuevas salidas del condenado y exigir garantías efectivas de protección.

“Evité que esto me destruya, pero no puedo callar más. El dolor no prescribe y la impunidad no se puede naturalizar”, concluyó.