El oficial inspector Cristian Martín Galván fue condenado a un año y tres meses de prisión y a una inhabilitación por el doble del tiempo para ejercer cargos públicos, tras comprobarse que utilizó a personas detenidas bajo su custodia como mozos y cocineros en su propia fiesta de casamiento. El episodio ocurrió cuando Galván se desempeñaba como jefe de la Subcomisaría de Lonquimay.

El fallo fue dictado por el juez Andrés Olié, quien encontró a Galván culpable del delito de abuso genérico de autoridad. No obstante, resolvió dejar en suspenso la ejecución de la pena de prisión por dos años, bajo la condición de que el imputado fije domicilio y se someta al control del Ente de Políticas Socializadoras durante ese período.

El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando el uniformado celebró su casamiento en el pub Veneto, ubicado a metros de la subcomisaría. Según la acusación del fiscal Guillermo Sancho, ese día Galván hizo salir a seis detenidos sin autorización judicial —Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez, Oscar Sánchez, Juan Cuello, Oscar Mesa y Manuel Urrutia— para que colaboraran en la organización y atención del evento.

Durante el juicio, que se desarrolló en tres jornadas, la defensa negó los hechos y sostuvo que no había pruebas objetivas ni registros en cámaras de seguridad que confirmaran la salida de los internos. También alegaron que el libro de novedades policial no registraba movimientos anómalos en la dependencia ese día.

Sin embargo, el juez Olié basó su resolución en los testimonios de tres agentes policiales —Verdasco, Gualpas y Herpsommer— quienes aseguraron haber visto a los detenidos fuera de la comisaría durante casi todo el día de la fiesta. Además, se sumaron las confesiones de tres de los propios internos involucrados, quienes reconocieron haber asistido al evento y participado de las tareas, algunos como cocineros y otros como mozos.

Los testimonios señalaban que fue el propio Galván quien los sacó de la celda y los condujo hasta el salón. En contraste, las declaraciones de familiares y amigos del policía, que negaron la presencia de detenidos en la fiesta, fueron consideradas inconsistentes por el juez.

Con esta condena, Galván queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por un período de dos años y seis meses, y deberá cumplir condiciones de conducta durante la suspensión de la pena. El caso generó amplio repudio por el abuso de poder y puso nuevamente en foco la situación de control y transparencia en dependencias policiales del interior provincial.