El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente al presidente Javier Milei por su reacción frente al fallo judicial emitido en Estados Unidos, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago en la causa por la expropiación de la compañía. “Es peligroso que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes. Eso contradice la defensa del interés nacional”, sostuvo el mandatario bonaerense.
Durante una conferencia de prensa, Kicillof explicó los motivos que llevaron a la estatización de YPF en 2012, cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, argumentó que la privatización en manos de Repsol (1999-2012) derivó en una fuerte caída de la producción de gas y petróleo y en la pérdida de soberanía energética. “La privatización terminó en un descalabro”, afirmó.
También criticó la postura “contradictoria” de Milei, quien a pesar de decir que apelará el fallo, responsabiliza al kirchnerismo por la situación judicial. “Con sus modos, con los insultos, dice que va a apelar, pero al mismo tiempo culpa a quienes tomamos la decisión de recuperar YPF”, señaló. Según Kicillof, esa actitud “pone en riesgo YPF y el superávit comercial energético que se logró con Vaca Muerta”.
Además, anticipó que investigarán posibles vínculos entre el gobierno nacional y los fondos buitres beneficiarios del fallo judicial. “Se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de esos fondos. No lo puedo afirmar, pero lo vamos a investigar”, advirtió.
Respecto a la validez del fallo, sostuvo que “está fuera de competencia” y no puede estar por encima de la Constitución Nacional. En ese marco, recordó que la entrega de acciones de YPF sólo puede realizarse mediante una ley votada por los dos tercios del Congreso, tal como lo establece la normativa aprobada en 2012. “Es escandaloso que esta cuestión se litigue en Nueva York”, remarcó.
El Partido Justicialista también repudió la decisión de la jueza Loretta Preska, quien ordenó al Estado argentino ceder el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. En un comunicado, el PJ denunció que la resolución “viola las normas del derecho público y privado argentino” y constituye “una orden colonial, inadmisible e ilegal”.
Asimismo, el peronismo llamó a conformar un frente social y multipartidario en defensa de la soberanía nacional. “Los legisladores justicialistas de ambas cámaras y todos los que quieran defender la patria deben oponerse con valentía a esta orden, haciendo valer los derechos independientes del Congreso frente a cualquier poder extranjero”, expresaron.