A días de las elecciones de medio término, el Gobierno nacional confirmó que la primera concesión de un corredor vial durante la gestión de Javier Milei se financiará con dinero público. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad estatal bajo control de un directorio libertario, será el encargado de otorgar un crédito para sostener la licitación del Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, que abarca parte del ex Corredor Vial 18, incluyendo las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
El crédito
El financiamiento será de hasta $56.000 millones (o el 70% de la inversión), en UVA + 2%, con un plazo de seis años y un año de gracia. La estructura se canalizará a través de un esquema fiduciario, lo que permitirá a las empresas adjudicatarias acceder al fondeo que ningún privado estuvo dispuesto a aportar.
Contradicciones y antecedentes
El gobierno libertario había prometido un modelo en el que el sector privado financiaría el mantenimiento de rutas y recuperaría su inversión mediante el cobro de peajes. Sin embargo, al igual que ocurrió con el sistema de Participación Público Privada (PPP) implementado durante la gestión de Mauricio Macri, los empresarios se negaron a arriesgar fondos propios, lo que obligó al Estado a intervenir.
Medios nacionales como La Nación remarcaron la contradicción entre el discurso oficial y la decisión final: “Pese al relato libertario, la primera privatización de una ruta tendrá financiamiento del Estado”, tituló el periodista pampeano Diego Cabot. Según reveló, las compañías interesadas en la licitación son viejas contratistas del Estado con antecedentes judiciales por presunto pago de coimas.
Riesgo de impugnaciones
La decisión de recurrir al BICE se tomó pocas horas antes de la apertura de sobres para evitar una nueva prórroga del proceso, iniciado en marzo tras el vencimiento del contrato de la concesionaria Caminos del Río Uruguay (Crusa). Sin embargo, especialistas advierten que el cambio en las condiciones podría derivar en reclamos judiciales, ya que altera de manera sustancial el esquema original de la licitación y perjudica a otras firmas que podrían haberse interesado de haber existido financiamiento estatal desde el inicio.
La denominada “Ruta del Mercosur” será el primer caso bajo este modelo, pero aún resta definir si otras rutas —como la 5, 35 y 188, que atraviesan La Pampa— también dependerán de créditos públicos o si, finalmente, aparecerá el capital privado que el oficialismo había prometido.