Una causa civil iniciada por la madre de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, puso en aprietos al presidente Javier Milei. La demanda, presentada por la abogada Marlene Spesso con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, exige que el mandatario elimine un agravio que publicó en su cuenta oficial de la red social X. La Justicia Federal dio lugar al reclamo, reconociendo que Milei utiliza esa cuenta en calidad de presidente, y no como un ciudadano común.

La resolución fue emitida por el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, quien convalidó el dictamen previo del fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía. El dictamen sostuvo que la cuenta de Milei, identificada con tilde gris en X, está reservada para autoridades de gobiernos nacionales, como jefes de Estado. Por ello, el juez ordenó el traslado formal de la demanda al presidente de la Nación, dándole un plazo de cinco días para responder.

Gil Domínguez explicó que esta decisión podría tener un efecto directo sobre el caso $Libra, en el que Milei es investigado por haber promocionado una criptomoneda desde la misma cuenta oficial. El mandatario había argumentado que lo hizo como un economista particular, pero esta resolución judicial desarma esa estrategia defensiva, al establecer que dicha cuenta se corresponde con su investidura presidencial.

El fiscal sostuvo que, según la normativa de la red social, la verificación gris implica que la cuenta representa a un funcionario de alto rango. A su vez, citó que tanto la cuenta @CasaRosada como la cuenta personal de Milei con tilde gris son consideradas representaciones institucionales.

La causa también se radicó en el fuero federal por la competencia territorial, ya que la familia de Ian reside en City Bell, provincia de Buenos Aires. El fiscal remarcó que las características del caso involucran a una figura pública que ejerce funciones nacionales, por lo cual corresponde que sea tratado en esa jurisdicción.

Finalmente, Gil Domínguez señaló que Milei aún está a tiempo de borrar la publicación ofensiva y ofrecer disculpas públicas, aunque el proceso judicial ya ha generado un precedente significativo sobre el uso de sus redes en funciones oficiales.